Examen restrictivo de la falta de capacidad del contrayente matrimonial

28-3-2018 El Tribunal Supremo revoca la nulidad de un matrimonio que se había invalidado por las instancias judiciales anteriores al apreciar falta de capacidad del contrayente. La Sala recuerda que el esposo de la recurrente, hoy difunto, había interpuesto demanda de divorcio de su anterior esposa, en la que hacía constar la pendencia del proceso de incapacitación, y que la solicitud de divorcio la hacía por voluntad propia (CGPJ)

Sentencia 145/2018, de 15 de marzo. Casación e Infracción Procesal 3.487/2016.

Puede otorgar testamento una persona que tiene limitada judicialmente su capacidad de obrar al precisar de la intervención del curador para realizar actos de disposición

2-4-2018 El Tribunal Supremo se manifiesta sobre la capacidad de otorgar testamento por una persona que requiere intervención de un curador para realizar actos de disposición. La Sala se basa en el principio de presunción de capacidad (CGPJ)

Sentencia 146/2018, de 15 de marzo. Casación 2.093/2015.

Los actos de disposición realizados por el tutor sin la preceptiva autorización judicial son anulables y no radicalmente nulos

Sentencia del Pleno de la Sala 1ª del Tribunal Supremo 2/2018, de 10-1-2018, FD 5º, Ponente Excmo. Sra. Dª. María de los Ángeles Parra Lucán, ECLI:ES:TS:2018:56

 


 

04-2018 Anulabilidad de los actos de disposición suscritos por tutores sin autorización judicial previa (Asociación Judicial Francisco de Vitoria)

Improcedencia de la regularización extemporánea del internamiento no voluntario y urgente por razón de trastorno psíquico y en su lugar necesidad de arbitrar medidas cautelares en el proceso de incapacitación

No resulta posible hablar de la «regularización» de un internamiento involuntario que se prolonga durante días, semanas o meses sin autorización del Juez, sea en un hospital, centro sociosanitario o en su caso residencia geriátrica (esta última, como hemos señalado en la Sentencia 13/2016, de 1 de febrero, Fundamento Jurídico 3, puede ser el «centro» al que se refiere el artículo 763.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, siempre que disponga de médico psiquiatra que efectúe la valoración del estado de la persona que ingresa y motive la necesidad de su internamiento; así como los medios materiales y humanos para su tratamiento terapéutico, además de cumplir con los requisitos legales y administrativos para desarrollar su actividad). No cabe «regularizar» lo que no es mera subsanación de formalidades administrativas, sino directa vulneración de un derecho fundamental (artículo 17.1 de la Constitución).

Así las cosas, de todos los efectos que pueden derivarse de la privación ilícita de libertad de la persona internada en esas condiciones, interesa a este amparo el mecanismo procesal civil adecuado para poner fin a esa situación –que no para regularizarla–, teniendo en cuenta la naturaleza del padecimiento psíquico que concurre en este supuesto.

En tal sentido, y sin diferimiento a un momento posterior, el Juzgado y en su defecto la Sección Juzgadora, debió proveer a su debida protección mediante la apertura del proceso de incapacitación, el cual, como se ha dicho ya, a criterio de ambos órganos judiciales sí resultaba idóneo. Con el poder ex officio que les concede el artículo 762.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, con base en los informes médicos de los que se disponía, bien el Juzgado o bien la Audiencia al resolver la apelación, debieron acordar la adopción inmediata del internamiento como medida cautelar, procediendo por su parte el Ministerio Fiscal a promover la correspondiente demanda de incapacitación, caso de no hacerlo la propia afectada, ni los parientes legitimados en primer término por la ley (artículo 757 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

Sentencia del Tribunal Constitucional 34/2016, de 29-2-2016, FJ 5 a 7, Ponente Excmo. Sr. D. Ricardo Enríquez Sancho