Bochornoso espectáculo

Blog Es Justo

Desde Roma, los gobernantes más mediocres se han mantenido en el poder a base de pan y circo para el pueblo.

No importan las necesidades de la población. Ni las básicas, ni mucho menos las que pueden ensanchar las mentes de los gobernados, arriesgando así las poltronas de los gobernantes. Pan y circo son suficientes para mantener el estado de cosas.

Pan no hay mucho. Y parte del que había fue robado al pueblo por sus propios elegidos para gobernarlo.

Pero circo no falta. A pesar de cualquier cosa. A cualquier precio. Que no pare la fiesta.

En España albergamos esta tarde la final de la Copa Libertadores de América entre dos equipos bonaerenses, por la imposibilidad de celebrarla en La Reina del Plata, en vista de la violencia extrema de parte de sus aficiones. Además, del pan escaso, vamos a detraer 650.000 € para pagar el espectáculo, mientras los clubes de fútbol interesados siguen haciendo negocio a costa de los millones de personas a los que el llamado deporte rey nos importa un pimiento. Da igual, que no pare la fiesta.

Mientras esperamos un gobernante de talla que proponga que los chiringuitos festivos se los paguen los interesados en ellos, tendremos que seguir pagando las fiestas a escote, por mucho que las repudiemos.

Y mañana al tajo, que hay que recuperar los 650.000 del ala.

Jorge-Oswaldo Cañadas Santamaría.

 

40 años de Constitución

Blog Es Justo

La Constitución Española conmemora hoy su 40 aniversario con la vitalidad, pero también los incipientes achaques, propios del final de la juventud.

 

Nadie cuestiona que la Carta Magna nos llevó pacíficamente de la dictadura a la democracia y que nos ha proporcionado un largo periodo de paz y prosperidad. Y pocos lo hacen sobre la necesidad de reformarla, abriéndose paso últimamente en el discurso imperante de lo políticamente correcto, que su reforma sería el mejor homenaje que se le podría tributar.

En mi opinión no es necesaria, sino indispensable, la reforma de nuestro texto constitucional en el diseño de la organización territorial del Estado que ha hecho metástasis en nuestra convivencia pacífica, la dignidad de la dedicación política y la confianza de los ciudadanos en sus instituciones, al punto de arriesgar seriamente nuestro futuro.

Contrariamente al deseo de los más radicales, la reforma constitucional no podría ser sino fruto de la reflexión orientada al bien común, la palabra, la convicción y la decisión democrática de la mayoría. Y no creo que con tales requerimientos podamos albergar esperanza alguna de que dicha reforma se produzca.

De una parte, porque el consenso de 1978 se produjo mediante cesiones a cambio de contraprestaciones. Se decidía simultáneamente y con nueva planta el diseño de la organización política y territorial del Estado, junto al reconocimiento de un catálogo de derechos fundamentales y el alumbramiento de las instituciones llamadas a garantizarlos. Y en esa tesitura, pesaron más las ventajas que los inconvenientes en la mayoría, lo que condujo a la aprobación de la Ley de leyes. En cambio, la reforma constitucional habría de centrarse en cuestiones concretas y en esas el consenso, simplemente es imposible. Lo es a la hora de decidir entre monarquía y república, de reformar el diseño de la organización territorial del Estado o de afrontar la reforma o la supresión de algunas instituciones constitucionales.

De otra parte, porque el consenso de 1978 se forjó entre representantes de los ciudadanos cuyo empeño fue devolver a España a la democracia e integrarla en Europa. Dudo, por desgracia, que el político medio tenga hoy por preocupación prioritaria el bien común y no la defensa de su medio de vida y de la partitocracia en la que ha crecido.

En suma, faltan el talento y el talante necesarios para afrontar una reforma constitucional y sobran estructuras asentadas sobre un estado de cosas a mantener por puro interés propio.

Así que brindo por los próximos aniversarios de la Constitución de 1978, cuya reforma deseo tanto, como estoy seguro de que no llegaré a ver.

Jorge-Oswaldo Cañadas Santamaría.

Agárrese la cartera

Blog Es Justo

Después del rescate del sistema financiero español por el descalabro de las cajas de ahorros, resurgen movimientos sísmicos sistémicos de la mano de la tormenta perfecta que supone conjugar la ya consolidada declaración de abusividad de la cláusula de imposición indiscriminada del pago de los gastos de un préstamo a los consumidores por la Sala 1ª del Tribunal Supremo, con la reciente y todavía no consolidada de ser el sujeto pasivo del impuesto de actos jurídicos documentados la entidad prestamista por la Sala 3ª del Tribunal Supremo.

Orillando opinar sobre la forma de adoptar la decisión la Sala de lo Contencioso-Administrativo de nuestro más Alto Tribunal y las consecuencias que de ello se pueden derivar, necesito desahogar algunas consideraciones al hilo del deslizamiento por la banca del mensaje de no saber si el sistema podría soportar el envite de cargarle la obligación retroactiva de pagar dicho coste, con su consiguiente posibilidad de quiebra:

1.- El impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados grava el crecimiento económico para financiar las Comunidades Autónomas.

2.- Dicho impuesto, junto a otros como el de patrimonio o el de sucesiones y donaciones, están a punto de desbordar la capacidad contributiva de muchos ciudadanos, si no lo han hecho ya, urgiendo, en mi modesta opinión, repensar y racionalizar el conjunto del sistema impositivo antes de que no haya contribuyentes para sufragarlo.

3.- Me posiciono sin ambages por la reformulación de la organización territorial del Estado y la desaparición de las Comunidades Autónomas. A mi juicio, son la causa más grave de los males que nos aquejan como sociedad: ineficacia e ineficiencia en la gestión de los servicios públicos parangonable, cuando menos, a la de un Estado centralizado, caos competencial, lastre al crecimiento económico y la competitividad, clientelismo político, corrupción, riesgo para la convivencia pacífica de los ciudadanos y un coste absolutamente insostenible. Todo es ponerse. Y si conseguimos pasar de una dictadura a una democracia a través de la Ley, nada impide una reforma constitucional, en el marco de nuestra consolidada democracia, que aborde esta cuestión. Naturalmente sé que será difícil contar con quienes se benefician del sistema, que van siendo legión, pero por intentarlo que no quede.

4.- Urge la reinstauración de una banca pública. Conviene aprender de la experiencia y pocas cosas hay más sociales que garantizar la seguridad de su dinero a los ciudadanos que, visto lo visto, parece amenazada cada dos por tres. Las nuevas tecnologías permitirían materializar la creación de un banco público en un tiempo breve. A partir de ahí, el modelo admitiría muchas posibilidades. A mi juicio no se trataría de competir con la banca comercial, simplemente de asegurar a los ciudadanos la operativa cotidiana básica (custodia de fondos y domiciliación de cobros y pagos) y la seguridad de su dinero. El resto podría seguir en manos del mercado, en el que cada uno busca la ganancia y asume el riesgo que quiere.

Concluyo anhelando que los problemas del calado del que se presenta y se ha descrito al comienzo, sean afrontados y resueltos por los demás poderes del Estado según su ámbito de competencia y no dejados por inacción en manos del Poder Judicial. Aunque no tengo ninguna esperanza de que así sea, pero por pedir que tampoco quede.

Jorge-Oswaldo Cañadas Santamaría.

El crimen del Bajo Aragón y la prisión permanente revisable

Blog Es Justo

foto: LaComarca.netEl sábado asistí al funeral de los guardias civiles destinados en Alcañiz y asesinados el jueves D. Víctor Romero Pérez y D. Víctor-Jesús Caballero Espinosa en un crimen que también se llevó por delante la vida de D. José-Luis Iranzo. Jamás lo olvidaré.

Con ocasión de semejante atrocidad, quiero expresar, una vez más, mi opinión favorable a la pena de prisión permanente revisable. Y mucho más ahora en la que todos grupos políticos, con el voto en contra del Partido Popular y la abstención de Ciudadanos, abogan en el Parlamento por su derogación, a propuesta del Partido Nacionalista Vasco.

Dicha pena está prevista para los supuestos de homicidio de determinadas personas de la familia real, de determinados diplomáticos, de genocidio, de lesa humanidad y, en lo que aquí interesa, para algunos asesinatos.

No me parece ocioso recordar que asesinar es matar a alguien concurriendo una de las siguientes circunstancias específicas de agravación: alevosía, precio, recompensa o promesa, ensañamiento o efectuar el crimen para facilitar la comisión de otro delito o para evitar que se descubra.

Entre dichos homicidios agravados, que se califican como asesinato, la prisión permanente revisable se reserva a aquellos que se hiperagraven con alguna de las siguientes circunstancias:

1.ª Que la víctima sea menor de 16 años de edad, o se trate de una persona especialmente vulnerable por razón de su edad, enfermedad o discapacidad.

2.ª Que el asesinato fuera subsiguiente a un delito contra la libertad sexual que el autor hubiera cometido sobre la víctima.

3.ª Que el delito se hubiera cometido por quien perteneciere a un grupo u organización criminal.

4ª. Que el reo de asesinato hubiera sido condenado por la muerte de más de dos personas.

Seguro que soy yo el equivocado.

Seguro que después de 32 años estudiando Derecho, todavía no he comprendido el alcance del mandato constitucional de orientar las penas hacia la reeducación y reinserción social del reo.

Seguro que estoy sordo al clamor popular en las calles y los bares, en los campos de fútbol y en las tertulias de amigos, demandando la derogación de tan horrible castigo.

Pero como los asesinados el jueves soy aragonés y me precio de tozudo, así que sigo en mi convicción de que alguien capaz de asesinar a un niño, a una mujer después de haberla violado, a varias personas a la vez o hacerlo pertrechado en grupo u organización criminal, no es reeducable ni reinsertable, sino un peligro para la sociedad que tiene derecho a defenderse de él o de ella y a vivir en paz, tranquilidad y seguridad.

Ya digo, seguro que estoy equivocado, pero me quedo en mi error.

Jorge-Oswaldo Cañadas Santamaría.

 

In memoriam guardias civiles de Alcañiz (Teruel) Víctor Romero Pérez y Víctor-Jesús Caballero Espinosa

Blog Es Justo

Lo demandó el honor y obedecieron,
lo requirió el deber y lo acataron;
con su sangre la empresa rubricaron
con su esfuerzo la Patria engrandecieron.
Fueron grandes y fuertes, porque fueron
fieles al juramento que empeñaron.
Por eso como valientes lucharon,
y como héroes murieron.
Por la Patria morir fue su destino,
querer a España su pasión eterna,
servir en los Ejércitos su vocación y sino.
No quisieron servir a otra Bandera,
no quisieron andar otro camino,
no supieron vivir de otra manera.

Descansen en paz.

Jorge-Oswaldo Cañadas Santamaría.

La democratización de la carrera judicial por su base. La elección de los Jueces Decanos

Blog Es Justo

Los Jueces Decanos se regulan en el capítulo IV del título III (del Gobierno interno de los Tribunales y Juzgados) de la Ley Orgánica del Poder Judicial (artículos 166 a 170) y en el título IV del Reglamento del Consejo General del Poder Judicial 1/2000, de 26 de julio, de los órganos de gobierno de los Tribunales.

Ostentan ante los poderes públicos la representación de todos y presiden la Junta de Jueces para tratar asuntos de interés común relativos a la actividad jurisdiccional de los titulares de todos o de alguno de los órganos judiciales (artículo 169 de la Ley Orgánica del Poder Judicial).

Velan por la buena utilización de los locales judiciales y de los medios materiales; cuidan de que el servicio de guardia se preste continuadamente; adoptan las medidas urgentes en los asuntos no repartidos cuando, de no hacerlo, pudiera quebrantarse algún derecho o producirse algún perjuicio grave e irreparable; oyen las quejas que les hagan los interesados en causas o pleitos, adoptando las prevenciones necesarias, y ejercen las restantes funciones que les atribuya la ley. En todo caso, les corresponde: a) Resolver en única instancia los recursos gubernativos que quepa interponer contra las decisiones de los Secretarios Judiciales en materia de reparto. b) Poner en conocimiento de la Sala de Gobierno toda posible anomalía en el funcionamiento de servicios comunes procesales de su territorio. c) Resolver cuantos recursos les atribuyan las leyes procesales. d) Velar por la correcta ejecución de las sustituciones y de los planes anuales de sustitución en los términos previstos en esta Ley, resolver con carácter gubernativo interno las cuestiones que se planteen y corregir las irregularidades que puedan producirse adoptando las medidas necesarias y promoviendo, en su caso, la exigencia de las responsabilidades que procedan (artículo 168 de la Ley Orgánica del Poder Judicial).

A los Jueces Decanos corresponde, además: a) Coordinar la actividad de los servicios judiciales, procurando que se presten con la mayor eficacia. b) Dirigir los servicios comunes, sin perjuicio de las facultades de los Presidentes de las Audiencias Provinciales. c) Dirigir y organizar el Decanato, vigilar sus servicios y dar a tal efecto las órdenes oportunas. d) Supervisar el reparto de asuntos entre los Juzgados de la población, asistido de un Secretario, y resolver con carácter gubernativo interno las cuestiones que se planteen y corregir las irregularidades que puedan producirse, adoptando las medidas necesarias y promoviendo, en su caso, la exigencia de las responsabilidades que procedan. e) Cuidar de que el servicio de guardia se preste debidamente, con sujeción a lo establecido en el Reglamento del servicio de guardia. f) Recabar los datos estadísticos relativos al funcionamiento de los Juzgados y emitir los informes que le sean interesados por el Consejo General del Poder Judicial y las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia. g) Resolver, cuando sea preciso, sobre la adecuada utilización de los edificios y dependencias en que tengan su sede el Decanato y los Juzgados con sede en la misma población, en cuanto se refiere a las actividades que guarden relación con la función judicial, sin perjuicio de la policía de estrados que corresponde a los titulares de los órganos jurisdiccionales. h) Comunicar al Presidente del Tribunal Superior de Justicia, en relación con los edificios y dependencias en que tengan su sede el Decanato y los Juzgados con sede en la misma población, lo procedente a los efectos de las necesarias actuaciones de distribución y ubicación de las salas y dependencias de los edificios e instalaciones y de todas aquellas medidas que contribuyan a su uso más racional y eficaz y la modificación de la afectación de un edificio judicial o de alguna de sus partes a órganos o actividades judiciales determinadas. i) Velar por la debida aplicación de los fondos que, por los conceptos de material y conservación, se asignen al Decanato. j) Convocar y presidir las Juntas de Jueces y cuidar del cumplimiento de sus acuerdos. k) Atender las comunicaciones que le fuesen dirigidas por las autoridades no judiciales, si procediera. l) Legalizar los libros que presenten las comunidades, sociedades y otras entidades, en los términos previstos en las leyes (artículo 86 del Reglamento 1/2000, de 26 de julio).

Y pese a la importancia de tales funciones representativas y gubernativas, su elección sólo es democrática en las poblaciones donde haya diez o más Juzgados. En el resto de los partidos judiciales de España, ejerce las funciones de Decano el Juez o Magistrado con mejor puesto en el escalafón (artículo 166 de la Ley Orgánica del Poder Judicial), por sucesivos periodos de dos años, sin posibilidad de remoción aunque dentro de los mismos sea destinado a prestar servicio en los Juzgados de la población otro Juez o Magistrado con mejor puesto en el escalafón y sin poder renunciar voluntariamente al cargo (artículo 81 del Reglamento 1/2000, de 26 de julio).

Escribo estas líneas desde Teruel que, afortunadamente, se va sabiendo que existe. Además de la condición de capital de provincia, cuenta con 7 órganos judiciales unipersonales. La designación de Decano no es electiva.

No es la única capital de provincia en igual situación. Cuenca o Soria están en las mismas condiciones. Ignoro si alguna otra.

Y en tal situación se hallan numerosos partidos judiciales que no radican en capital de provincia pero que cuentan con un número significativo de órganos judiciales.

Es cierto que de los 431 partidos judiciales que integraban España en 2016 (Justicia dato a dato 2016, CGPJ), la mayor parte son unipersonales o de dos órganos. Pero ello no es óbice, en mi opinión, para abordar decididamente la democratización de la carrera judicial por su base, con la mayor amplitud y a la mayor brevedad posible.

Jorge-Oswaldo Cañadas Santamaría.

De bondad y de manipulación

Blog Es Justo

Cuando se argumenta con bondad, nadie puede estar en desacuerdo con el discurso.

Concordia, diálogo, banderas blancas y palomas de la paz son expresiones y símbolos que todos abrazamos y yo el primero.

Pero no nos engañemos.

La llamada al diálogo que hace un par de días empezó a propagarse como medio para resolver el problema catalán es demagogia y mentira al servicio de una intención política, por más que muchos de sus seguidores actúen de buena fe y sin reparar en ello.

Ahora que los golpistas se enfrentan al borde del precipicio, parte de una de las dos Españas de Machado es incapaz de cerrar filas con ella misma y con la otra, con tal de que el gobierno de la Nación no aparezca como vencedor en el restablecimiento del Estado de Derecho.

En oportuna connivencia con los movimientos antisistema y los partidos políticos en los que han cristalizado, algunos se envuelven en la bandera de la paz y el diálogo, no con la idea de practicarlos, sino con la de debilitar al gobierno con el que no comparten ideología.

El llamado problema catalán es el fondo del asunto. Y cuando toque abordarlo, sin duda, más diálogo, más negociación y más lo que haga falta.

Pero a día de hoy estamos inmersos en un golpe de Estado. En una violación de la Constitución y la Ley como medio para seguir imponiendo el supremacismo y el odio, callando y arrinconando al vecino hasta echarlo de su propio pueblo. Apartheid, adoctrinamiento e instrumentalización de niños, propagación del miedo, matonismo y asfixia personal y social del que piensa distinto.

En tal estado de cosas, no cabe diálogo distinto al que se entabla ante un tribunal de justicia. El resto es buenismo, tan bien intencionado como inútil y peligroso.

Jorge-Oswaldo Cañadas Santamaría.