Bochornoso espectáculo

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Desde Roma, los gobernantes más mediocres se han mantenido en el poder a base de pan y circo para el pueblo.

No importan las necesidades de la población. Ni las básicas, ni mucho menos las que pueden ensanchar las mentes de los gobernados, arriesgando así las poltronas de los gobernantes. Pan y circo son suficientes para mantener el estado de cosas.

Pan no hay mucho. Y parte del que había fue robado al pueblo por sus propios elegidos para gobernarlo.

Pero circo no falta. A pesar de cualquier cosa. A cualquier precio. Que no pare la fiesta.

En España albergamos esta tarde la final de la Copa Libertadores de América entre dos equipos bonaerenses, por la imposibilidad de celebrarla en La Reina del Plata, en vista de la violencia extrema de parte de sus aficiones. Además, del pan escaso, vamos a detraer 650.000 € para pagar el espectáculo, mientras los clubes de fútbol interesados siguen haciendo negocio a costa de los millones de personas a los que el llamado deporte rey nos importa un pimiento. Da igual, que no pare la fiesta.

Mientras esperamos un gobernante de talla que proponga que los chiringuitos festivos se los paguen los interesados en ellos, tendremos que seguir pagando las fiestas a escote, por mucho que las repudiemos.

Y mañana al tajo, que hay que recuperar los 650.000 del ala.

Jorge-Oswaldo Cañadas Santamaría.

 

40 años de Constitución

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La Constitución Española conmemora hoy su 40 aniversario con la vitalidad, pero también los incipientes achaques, propios del final de la juventud.

 

Nadie cuestiona que la Carta Magna nos llevó pacíficamente de la dictadura a la democracia y que nos ha proporcionado un largo periodo de paz y prosperidad. Y pocos lo hacen sobre la necesidad de reformarla, abriéndose paso últimamente en el discurso imperante de lo políticamente correcto, que su reforma sería el mejor homenaje que se le podría tributar.

En mi opinión no es necesaria, sino indispensable, la reforma de nuestro texto constitucional en el diseño de la organización territorial del Estado que ha hecho metástasis en nuestra convivencia pacífica, la dignidad de la dedicación política y la confianza de los ciudadanos en sus instituciones, al punto de arriesgar seriamente nuestro futuro.

Contrariamente al deseo de los más radicales, la reforma constitucional no podría ser sino fruto de la reflexión orientada al bien común, la palabra, la convicción y la decisión democrática de la mayoría. Y no creo que con tales requerimientos podamos albergar esperanza alguna de que dicha reforma se produzca.

De una parte, porque el consenso de 1978 se produjo mediante cesiones a cambio de contraprestaciones. Se decidía simultáneamente y con nueva planta el diseño de la organización política y territorial del Estado, junto al reconocimiento de un catálogo de derechos fundamentales y el alumbramiento de las instituciones llamadas a garantizarlos. Y en esa tesitura, pesaron más las ventajas que los inconvenientes en la mayoría, lo que condujo a la aprobación de la Ley de leyes. En cambio, la reforma constitucional habría de centrarse en cuestiones concretas y en esas el consenso, simplemente es imposible. Lo es a la hora de decidir entre monarquía y república, de reformar el diseño de la organización territorial del Estado o de afrontar la reforma o la supresión de algunas instituciones constitucionales.

De otra parte, porque el consenso de 1978 se forjó entre representantes de los ciudadanos cuyo empeño fue devolver a España a la democracia e integrarla en Europa. Dudo, por desgracia, que el político medio tenga hoy por preocupación prioritaria el bien común y no la defensa de su medio de vida y de la partitocracia en la que ha crecido.

En suma, faltan el talento y el talante necesarios para afrontar una reforma constitucional y sobran estructuras asentadas sobre un estado de cosas a mantener por puro interés propio.

Así que brindo por los próximos aniversarios de la Constitución de 1978, cuya reforma deseo tanto, como estoy seguro de que no llegaré a ver.

Jorge-Oswaldo Cañadas Santamaría.

Agárrese la cartera

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Después del rescate del sistema financiero español por el descalabro de las cajas de ahorros, resurgen movimientos sísmicos sistémicos de la mano de la tormenta perfecta que supone conjugar la ya consolidada declaración de abusividad de la cláusula de imposición indiscriminada del pago de los gastos de un préstamo a los consumidores por la Sala 1ª del Tribunal Supremo, con la reciente y todavía no consolidada de ser el sujeto pasivo del impuesto de actos jurídicos documentados la entidad prestamista por la Sala 3ª del Tribunal Supremo.

Orillando opinar sobre la forma de adoptar la decisión la Sala de lo Contencioso-Administrativo de nuestro más Alto Tribunal y las consecuencias que de ello se pueden derivar, necesito desahogar algunas consideraciones al hilo del deslizamiento por la banca del mensaje de no saber si el sistema podría soportar el envite de cargarle la obligación retroactiva de pagar dicho coste, con su consiguiente posibilidad de quiebra:

1.- El impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados grava el crecimiento económico para financiar las Comunidades Autónomas.

2.- Dicho impuesto, junto a otros como el de patrimonio o el de sucesiones y donaciones, están a punto de desbordar la capacidad contributiva de muchos ciudadanos, si no lo han hecho ya, urgiendo, en mi modesta opinión, repensar y racionalizar el conjunto del sistema impositivo antes de que no haya contribuyentes para sufragarlo.

3.- Me posiciono sin ambages por la reformulación de la organización territorial del Estado y la desaparición de las Comunidades Autónomas. A mi juicio, son la causa más grave de los males que nos aquejan como sociedad: ineficacia e ineficiencia en la gestión de los servicios públicos parangonable, cuando menos, a la de un Estado centralizado, caos competencial, lastre al crecimiento económico y la competitividad, clientelismo político, corrupción, riesgo para la convivencia pacífica de los ciudadanos y un coste absolutamente insostenible. Todo es ponerse. Y si conseguimos pasar de una dictadura a una democracia a través de la Ley, nada impide una reforma constitucional, en el marco de nuestra consolidada democracia, que aborde esta cuestión. Naturalmente sé que será difícil contar con quienes se benefician del sistema, que van siendo legión, pero por intentarlo que no quede.

4.- Urge la reinstauración de una banca pública. Conviene aprender de la experiencia y pocas cosas hay más sociales que garantizar la seguridad de su dinero a los ciudadanos que, visto lo visto, parece amenazada cada dos por tres. Las nuevas tecnologías permitirían materializar la creación de un banco público en un tiempo breve. A partir de ahí, el modelo admitiría muchas posibilidades. A mi juicio no se trataría de competir con la banca comercial, simplemente de asegurar a los ciudadanos la operativa cotidiana básica (custodia de fondos y domiciliación de cobros y pagos) y la seguridad de su dinero. El resto podría seguir en manos del mercado, en el que cada uno busca la ganancia y asume el riesgo que quiere.

Concluyo anhelando que los problemas del calado del que se presenta y se ha descrito al comienzo, sean afrontados y resueltos por los demás poderes del Estado según su ámbito de competencia y no dejados por inacción en manos del Poder Judicial. Aunque no tengo ninguna esperanza de que así sea, pero por pedir que tampoco quede.

Jorge-Oswaldo Cañadas Santamaría.

El crimen del Bajo Aragón y la prisión permanente revisable

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foto: LaComarca.netEl sábado asistí al funeral de los guardias civiles destinados en Alcañiz y asesinados el jueves D. Víctor Romero Pérez y D. Víctor-Jesús Caballero Espinosa en un crimen que también se llevó por delante la vida de D. José-Luis Iranzo. Jamás lo olvidaré.

Con ocasión de semejante atrocidad, quiero expresar, una vez más, mi opinión favorable a la pena de prisión permanente revisable. Y mucho más ahora en la que todos grupos políticos, con el voto en contra del Partido Popular y la abstención de Ciudadanos, abogan en el Parlamento por su derogación, a propuesta del Partido Nacionalista Vasco.

Dicha pena está prevista para los supuestos de homicidio de determinadas personas de la familia real, de determinados diplomáticos, de genocidio, de lesa humanidad y, en lo que aquí interesa, para algunos asesinatos.

No me parece ocioso recordar que asesinar es matar a alguien concurriendo una de las siguientes circunstancias específicas de agravación: alevosía, precio, recompensa o promesa, ensañamiento o efectuar el crimen para facilitar la comisión de otro delito o para evitar que se descubra.

Entre dichos homicidios agravados, que se califican como asesinato, la prisión permanente revisable se reserva a aquellos que se hiperagraven con alguna de las siguientes circunstancias:

1.ª Que la víctima sea menor de 16 años de edad, o se trate de una persona especialmente vulnerable por razón de su edad, enfermedad o discapacidad.

2.ª Que el asesinato fuera subsiguiente a un delito contra la libertad sexual que el autor hubiera cometido sobre la víctima.

3.ª Que el delito se hubiera cometido por quien perteneciere a un grupo u organización criminal.

4ª. Que el reo de asesinato hubiera sido condenado por la muerte de más de dos personas.

Seguro que soy yo el equivocado.

Seguro que después de 32 años estudiando Derecho, todavía no he comprendido el alcance del mandato constitucional de orientar las penas hacia la reeducación y reinserción social del reo.

Seguro que estoy sordo al clamor popular en las calles y los bares, en los campos de fútbol y en las tertulias de amigos, demandando la derogación de tan horrible castigo.

Pero como los asesinados el jueves soy aragonés y me precio de tozudo, así que sigo en mi convicción de que alguien capaz de asesinar a un niño, a una mujer después de haberla violado, a varias personas a la vez o hacerlo pertrechado en grupo u organización criminal, no es reeducable ni reinsertable, sino un peligro para la sociedad que tiene derecho a defenderse de él o de ella y a vivir en paz, tranquilidad y seguridad.

Ya digo, seguro que estoy equivocado, pero me quedo en mi error.

Jorge-Oswaldo Cañadas Santamaría.

 

In memoriam guardias civiles de Alcañiz (Teruel) Víctor Romero Pérez y Víctor-Jesús Caballero Espinosa

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Lo demandó el honor y obedecieron,
lo requirió el deber y lo acataron;
con su sangre la empresa rubricaron
con su esfuerzo la Patria engrandecieron.
Fueron grandes y fuertes, porque fueron
fieles al juramento que empeñaron.
Por eso como valientes lucharon,
y como héroes murieron.
Por la Patria morir fue su destino,
querer a España su pasión eterna,
servir en los Ejércitos su vocación y sino.
No quisieron servir a otra Bandera,
no quisieron andar otro camino,
no supieron vivir de otra manera.

Descansen en paz.

Jorge-Oswaldo Cañadas Santamaría.